MÁS DE 38 MMP PUEDEN OBTENERSE PARA RECONSTRUCCIÓN DE EX GOBERNADORES CORRUPTOS: LEONARDO AMADOR

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Además de reorientarse el gasto del próximo año mediante una decisión de Estado del Congreso de la Unión, el gobierno federal a su vez debe recuperar los recursos sustraídos indebidamente por todos los funcionarios públicos deshonestos para resarcirlos a la hacienda pública y ésta los invierta en lo que estaba originalmente proyectado, afirmó el diputado Leonardo Amador Rodríguez.

El parlamentario perredista señaló que los 38 mil millones de pesos calculados por el gobierno de Enrique Peña Nieto para la reconstrucción tras la devastación de los sismos de septiembre son poca cosa comparados con los cientos de miles de millones sustraídos ilegalmente por priistas-pvemistas en el gobierno y los que entregó indebidamente a seudoempresarios por obras y servicios de mala calidad.

Precisó que tan sólo los 22 de los 32 gobernadores que han coincidido con la administración de Peña Nieto desviaron cerca de 260 mil millones de pesos, según denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) (Sin Embargo, 22 de abril de 2017), lo que representa –sin considerar lo sustraído indebidamente a través de la “estafa maestra” por funcionarios del mismo ejecutivo federal- más de seis veces lo estimado como necesario por su titular.

Las desviaciones más escandalosas fueron las de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, las de César Duarte Jáquez en Chihuahua, las de Roberto Borge Angulo en Quintana Roo, Rubén Moreira Valdés en Coahuila, Aristóteles Sandoval en Jalisco, Rodrigo Medina de la Cruz en Nuevo León, Andrés Granier Melo en Tabasco, Fausto Vallejo Figueroa en Michoacán, Mario Anguiano en Colima, Miguel Alonso Reyes en Zacatecas, Carlos Lozano de la Torre en Aguascalientes, Francisco Olvera en Hidalgo, Fernando Toranzo Fernández en San Luis Potosí, Edigio Torre Cantú en Tamaulipas y Roberto Sandoval en Nayarit, entre otros.

Refirió que muchos de los recursos desviados estaban originalmente asignados a materias tan sensibles como Protección Civil, salud, seguridad, educación y programas sociales.

Señaló que el PRI, desde la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública y la misma Cámara de Diputados ha hecho todo lo posible para solapar a los responsables de estos desvíos en lugar de castigarlos y hacer justicia a los millones de mexicanos agraviados.

Al gobierno federal de los priistas-pvemistas –dijo- debería darle vergüenza “estirar la mano” para recaudar más recursos en apoyo a damnificados porque es presumible que, como cada año, este 2017 recaude más de lo que se le autoriza y, sin embargo, todo ese dinero no se refleje en beneficios para la sociedad.

“Los mexicanos responsables –aclaró- siempre cumpliremos nuestras obligaciones legales (entre ellas, pagar impuestos) para la inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos, pero también responsablemente exigimos y exigiremos cuentas claras porque nos indigna que quienes bien de debieran administrar tales recursos se los roben o se los entreguen a pseudo empresarios defraudadores”.

Demandó parar esta práctica. “Aunque casi cualquier cosa que hagan o propongan los priistas-pvemistas lleva el sello de la desconfianza, tienen todavía un año para demostrar algo de honradez. Ya no queremos que sigan regalando nuestro dinero y nuestros recursos a pseudo empresarios para hacer obras de tan mala calidad que se colapsan aunque no tiemble, como sucedió con el Paso Express”, puntualizó.

Por eso –continuó- ya no se les puede creer a los priistas-pvemistas: porque desgracias van y vienen, y ellos simple y sencillamente se corrompen más, incluso con los apoyos que generosamente dona la comunidad nacional e internacional, en lugar de ayudar realmente a la población.

Insistió en que el gobierno federal debe recuperar los recursos desviados por todos los funcionarios públicos.

“Insistimos: ya es hora de que las llamadas “unidades de inteligencia financiera” de la PGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se pongan a trabajar y cumplan su función. Hasta ahora, la Secretaría de Hacienda sólo ha beneficiado a unos cuantos sujetos a través de sus propuestas y aplicaciones de ingresos y gasto nacional, y la Procuraduría sólo ha procurado impunidad en lugar de justicia a los mexicanos; eso debe cambiar”, concluyó.

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