Al iniciar la sesión permanente de vigilancia del desarrollo de la jornada electoral la mañana de este domingo, los representantes de los diversos partidos de oposición externaron su desconfianza en el Instituto Electoral Veracruzano al tiempo que observaron que es un buen momento para que este árbitro electoral se reivindique ante los veracruzanos actuando con transparencia y legalidad.
En principio, el representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), Víctor Salas Rebolledo, dijo que los veracruzanos llegan al proceso electoral con un lamentable desgaste de las instituciones y del IEV donde en muchas de sus actividades y de sus funcionarios “no existe la confianza ni respuesta que el PAN esperaba”.
Añadió que “llegamos con la participación de 2007 observadores electorales cuya identidad es desconocida por los representantes de los partidos políticos y por los consejeros electorales y tampoco sabemos con qué criterios fueron elegidos y si cubren o no los requisitos necesarios y si la mayoría obedece a la participación ciudadana o hay colados de algún partido político.”
Subrayó que es de agradecer la participación ciudadana de los miles de observadores electorales, pero apuntó que es un ejemplo de la obligación que tiene el IEV de transparentar todos sus actos de autoridad y de transitar a un verdadero estado de derecho y de democracia.
Tras recordar el incidente de los audios dados a conocer a nivel nacional en donde presuntamente el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, da instrucciones a diversos funcionarios de gobierno para que favorezcan el voto de los candidatos del Partido Revolucionarios Institucional (PRI), Víctor Salas aseveró “estamos ante una elección de Estado en donde se han registrado hechos lamentables en la historia del estado de Veracruz “que no se habían presentado ni en los peores momentos del PRI”.
Aseguró que la represión no se ha hecho esperar, pues dijo que su partido tiene reportes de represión a cientos de candidatos del PAN en los distritos de Papantla, Perote, Zongolica y en los municipios de Tierra Blanca, Coatzacoalcos y Actopan.
“Es lamentable que veamos publicado cómo funcionarios de extracción priista haciendo uso de vehículos oficiales de los ayuntamientos y en horarios de oficina se dediquen a comprar credenciales de elector” y aquí recordó la detención del maestro y empleado del DIF Municipal de la localidad de La Bocanita, perteneciente al municipio de Actopan, Roberto Porras Morales, a quien presuntamente sorprendieron comprando votos a favor del PRI asegurándole además una camioneta cargada con láminas de zinc.
En torno a este caso, Víctor Salas Rebolledo aseveró que fue el hermano del gobernador Fidel Herrera Beltrán, Moisés Herrera Beltrán, quien intervino para que Roberto Porras Morales fuera puesto en libertad tras haber sido aprehendido.
Por otra parte, el representante del Partido Revolucionario Veracruzano (PRV) ante el IEV, Jorge Eduardo Maldonado Loeza, dijo que el PRV no puede dejar pasar los hechos tan lamentables en los que han perdido la vida militantes de algunos partidos políticos “pero es más lamentable aún que el IEV no haya guardado ni un minuto de silencio por la muerte de un candidato vecino de un partido político”.
Consideró que el IEV tiene la oportunidad histórica de salvaguardar y de poder redoblar el esfuerzo.
Aunque apuntó que “hemos visto la complacencia hacia un partido político” y hacia empresas que hoy estarán llevando el Programa de Resultados Preliminares (PREP) y fue en ese momento cuando recordó que en su momento, su partido señaló que la empresa Verificación y Monitoreo no tenía la capacidad técnica necesaria para realizar el monitoreo de publicidad electoral en medios de comunicación.
“También vimos cómo se filtraron las respuestas de los exámenes aplicados a los capacitadores y hemos tenido hasta el momento el compadrazgo en los consejos distritales y municipales y la poca experiencia que sr tiene en ellos y la mucha participación de personas de un solo partido político en estos consejos municipales y distritales” y recordó el caso de la empresa “Elitoformas” -encargada de llevar a cabo la entrega de la papelería electoral-, la cual incurrió en errores al momento de realizar la entrega en un municipio en lugar de otro, situación que dijo, puso en su momento cuando llegaron las boletas en hechos que no dan certeza al ciudadano y provoca un malestar.
Finalmente, Jorge Eduardo Maldonado cuestionó la autonomía, imparcialidad e independencia del IEV durante el proceso electoral.
Al hacer uso de la voz, el representante del partido Nueva Alianza, Emilio Cárdenas Escobosa, dijo que por diversas razones la jornada electoral que inicia es una prueba de fuego para la consolidación y la calidad de la democracia mexicana porque permitirá constatar hasta dónde las diferentes plataformas políticas, propuestas de gobierno y los compromisos de los candidatos han impactado en la conciencia ciudadana para que cada ejercer de su derecho lo hagan.
Cárdenas Escobosa dijo que el presente proceso electoral en su conjunto “es una prueba de ácido para la democracia veracruzana porque nuestras instituciones públicas tienen el reto de demostrar su madurez, su responsabilidad y eficacia a efecto que la jornada electoral termine en un clima de civilidad”.
Agregó que “para el Consejo General del IEV representa un reto, pues está obligado a enmendar la maltrecha dignidad y honorabilidad de algunos de sus miembros quienes pese a expreso mandato de la ley no han sido capaces de erigirse como verdaderos baluartes de imparcialidad y la transparencia del proceso electoral en curso”.
Dijo que si el IEV quiere contribuir y evitar que la crisis económica social y de seguridad que agobia a nuestro pueblo se combine con una eventual crispación política tiene el deber legal y moral de garantizar la credibilidad y confiabilidad del desarrollo de la votación y de los resultados.
“Hoy más que nunca el IEV tiene la responsabilidad de asegurar el secreto del sufragio y la emisión de éste en un marco de libertad pues la decisión individual de los electores ni los preceptos legales que nos rigen pueden ser socavados por actos deshonestos que a última hora suelen poder en marcha los hacedores del chantaje, la coacción de los carruseles y los ratones locos.”
En su intervención, el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el IEV, Eduardo Andrade Sánchez, inició su intervención refutando los señalamientos de los representantes de los partidos políticos de oposición referentes a que se trata de una elección de estado “no podemos empezar con una deslegitimación. Es natural que la pasión política haya enfrentamientos y rispideces, pero también tiene que haber un lato sentido cívico”.
Dijo que las imputaciones que le hacen al PRI son infundadas “porque se pretende generar un clima de desconfianza –cuando lo que más requerimos es confianza- a partir de imputaciones que no se sostienen porque son falsas.
En el tema de los observadores electorales, Eduardo Andrade Sánchez dijo que son personas que cumplieron con los requisitos que establece la norma aunque no descartó que algunos de ellos tengan alguna preferencia por un partido político o sino por una ideología “es más esos observadores van a votar por alguien pero n podemos pensar que por ese hecho va a hacer trampa”.
Respecto al señalamiento de que se trata de una elección de estado, Andrade dijo que el PRI presentó una queja contra el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, porque servidores públicos federales están obligados a respetar las legislaciones a los estados “porque no estamos subordinados y en concreto el jefe del Ejecutivo federal ha actuado de manera que se tuvieron que bajar spots que incidían en mensajes ilegales que trataban de influir en la decisión de los votantes de 14 estados de la República”.
Agregó que “no se puede hablar en términos de estar prófugo de la justicia cuando si se inició algún procedimiento en contra del gobernador del estado, Fidel Herrera, está viciado por razones constitucionales pues el artículo 16 constitucional es preciso en lo referente a la intercepción de comunicaciones el obtener o falsear una comunicación está basada en una ilicitud y en la comisión de un delito e iniciar una averiguación previa basándose en la comisión de un delito” y acotó que el PRI entregó pacíficamente el poder en la elección del 2000 sin utilizar jamás los instrumentos represivos para perseguir o inhabilitar a los adversarios políticos “que es ahora la práctica que estamos viendo en el gobierno federal”.
Tras mencionar que su candidato a la alcaldía de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, Eduardo Andrade Sánchez exhortó a los representantes de los demás fuerzas políticas a no abonar el terreno de la violencia que pudiera llegar a e reflejarse en otros ámbitos.
“Podemos diferir pero tenemos una relación cordial en ambiente de civilidad, busquemos que esa misma relación se dé en las casillas. Esa es la misión que tenemos para sacar adelante y les exhorto a que lo hagamos”.
Durante su breve intervención, el representante del Partido del Trabajo ante el IEV, José Antonio Sifuentes Rocha, expresó que decide otorgarle el beneficio de la duda a ese instituto “se avecinan momentos difíciles porque hablamos unas cosas y hacemos otras”.
Es importante que esta elección camine bajo la legalidad y esperamos que el gobierno del estado garantice esa legalidad y que permita caminar hacia la democracia gane quien gane porque esta sociedad ya no aguanta más y esperamos que el IEV como institución de buena fe cuidemos los principios fundamentales de la legalidad”.
En la sesión el representante del Partido verde Ecologista de México (PVEM), Sergio Gerardo Martínez Ruiz, hizo un llamado a los actores políticos para que se conduzcan con prudencia y mesura “porque hoy los veracruzanos demostrarán que tienen la suficiente madurez política para elegir a sus próximos gobernantes” y solicitó a las demás fuerzas políticas para que “no traten de desvalorizar el voto de cada ciudadano, porque cada voto debe ser respetado”.
Exigió al gobierno federal que saque las manos del proceso electoral en Veracruz porque es un proceso estatal “que no trate de incidir en la decisión de los veracruzanos”.
Anahí Medina

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